Campaña Global por la Reforma Agraria

Brasil: Creciente represión y criminalización del Movimiento Sin Tierra (MST)

RED DE EMERGENCIA 0810ABRA 30.06.2008
Lunes 30 de junio de 2008 por LRAN

Cerca de 300 sin tierra (la mayoría mujeres, niños/as y enfermos) fueron desalojadas el pasado 17 de junio de dos campamentos localizados en tierras arrendadas y propias legalmente ocupadas en las inmediaciones de la Hacienda Guerra, en Coqueiros do Sul, región norte del estado de Rio Grande do Sul.

La orden de desalojo fue dada por la justicia de Carazinho después de que el Ministerio Público del estado de Rio Grande do Sul presentara una denuncia el día 11 de junio. En esta denuncia, el Ministerio Público acusa al MST de crímenes contra la seguridad nacional, y lo caracteriza como una organización paramilitar a desmantelar.

Desde el fin de la dictadura militar en Brasil no se habían observado intentos sistemáticos como el actual de desarticular y criminalizar movimientos de protesta social como el MST. La situación en la región es muy tensa. Por favor envie cartas al Presidente de la República solicitando investigar las denuncias presentadas, reparar a las familias indebidamente desalojadas y garantizar el pleno ejercicio del derecho a la libre asociación del MST. Envie copia de sus cartas a la gobernadora de Rio Grande do Sul, a la embajada de Brasil en su país y al MST.

Antecedentes:

En la madrugada del día 17 de junio del año en curso, la Brigada Militar con 500 soldados presentó una orden de desalojo en cumplimiento de una decisión de la justicia de Carazinho que fue emitida en la mañana del día anterior acatando una denuncia del Ministerio Público del estado presentada a la justicia el día 11 de junio. Las familias sin tierra acampadas en las inmediaciones de la Hacienda Guerra fueron expulsadas de sus campamentos legalmente ocupados sin que la justicia hubiera tenido preocupación alguna por reasentarlos en otro lugar.

Bastante grave es el hecho que la denuncia del Ministerio Público del estado de Rio Grande do Sul pretende caracterizar al MST como una organización que representa una amenaza para la seguridad nacional y que por tal motivo debe ser desmantelada. Unos de los autores de la denuncia, el Promotor de Justicia, Luis Felipe Tesheiner, resumió el 18 de junio la justificación de estos actos de la siguiente manera: «No se trata de remover campamentos, sino de desmontar las bases que el MST usa para cometer reiteradamente actos criminales». En la decisión preliminar que acató la propuesta del Ministerio Público, el juez, Orlando Faccini Neto, es enfático: «Allí, en Coqueiros do Sul, están practicando violencia y nada más» y caracteriza a los campamentos como «semilleros de ilicitudes que a estas alturas no se puede tolerar más».

Es importante observar que la acción del Ministerio Público dice basarse en actos policiales cuya autoría sería de personas del MST que ocupaban las áreas en cuestión. Según nuestras informaciones, sin embargo, ninguna de estas personas ha sido condenada por la justicia. De esta forma, el Ministerio Público y la justicia del estado de Rio Grande do Sul están tomando como condenadas a personas que ni siquiera han sido procesadas; y aunque estuvieran siendo procesadas, tendría que presumirse su inocencia hasta que no se demuestre lo contrario, y teniendo derecho al debido proceso y a la defensa legal. En ningún momento la acción del Ministerio Público y la decisión del poder judicial tratan seriamente la reforma agraria como un problema social.

Mandato de la Red de Emergencia:

El desalojo forzoso cometido contra las 300 familias sin tierra por la Brigada Militar y las decisiones del Ministerio Público y la justicia del estado de Rio Grande do Sul violan el derecho al debido proceso consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en la Convención Interamericana de Derechos Humanos y en la Constitución brasileña. De la misma forma, las acciones y decisiones mencionadas violan las normas internacionales en materia de desalojos establecidas por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas en su Observación General N° 7. El desalojo forzoso de las familias sin tierra constituye una seria infracción de la obligación que tiene el Estado brasileño de respetar los derechos humanos a la alimentación y a la vivienda adecuadas tal como lo disponen el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Protocolo de San Salvador.

Al mismo tiempo, las acciones y decisiones de los organismos públicos involucrados en este caso se configuran en claros actos de criminalización de la lucha de los/as sin tierra por reforma agraria y en una violación de su derecho a la libre organización y a ejercer su función de defensores de derechos humanos.

- Fin de la acción: Agosto 15 de 2008

- Direcciones:

Sr Luis Inácio Lula da Silva,

Presidente do Brasil

Palácio do Planalto - 4º Andar

70150-900 - Brasília - DF

Fax: + 55 61 3411-1222

casacivil@planalto.gov.br

- Copias a:

Yeda Crusius

Governadora do Estado do Rio Grande do Sul

Palácio Piratini, Praça Marechal Deodoro s/n CEP 90010-282 - Porto Alegre/RS

Fax: +55 51 3288-2465

Gabinete-governadora@gg.rs.gov.br

Embajada de Brasil en su país

MST Nacional imprensa@mst.org.br

Informe a FIAN de cualquier respuesta a sus cartas.

Modelo de carta

V. Ex.cia Luis Inácio Lula da Silva,

M.D. Presidente do Brasil

Palácio do Planalto - 4º Andar

70150-900 - Brasília - DF

Telefone: + 55 (61) 3411-1221

casacivil@planalto.gov.br

Excelentíssimo Senhor Luís Inácio Lula da Silva,

gostaria de manifestar enorme preocupação com a crescente repressão e criminalização do Movimento de Trabalhadores sem Terra (MST), em especial no Estado do Rio Grande do Sul.

Segundo informações obtidas, cerca de 300 sem terra (a grande maioria mulheres, crianças e idosos) foram despejados de dois acampamentos do Movimento dos Trabalhadores/as Rurais Sem Terra, localizados em terras arrendadas e próprias, ou seja, legalmente ocupadas, nas imediações da Fazenda Guerra, em Coqueiros do Sul, região Norte do Estado do Rio Grande do Sul.

Na madrugada da terça-feira (17 de junho) a Brigada Militar, com 500 soldados, apresentou a ordem de desocupação em cumprimento a uma decisão da Justiça de Carazinho que foi emitida na manhã do dia anterior, acatando uma denúncia do Ministério Público Estadual apresentada à Justiça no dia 11 de junho. As famílias de sem terra foram expulsas de seus acampamentos legalmente ocupados, sem qualquer preocupação ou determinação a Justiça no sentido de cuidar para onde deveriam ser levadas.

Mas grave todavia, é que a denúncia do Ministério Público Estadual pretendeu caracterizar o MST como uma organização paramilitar e que, por isso, precisa ser desmontada. Um dos autores da denúncia, o Promotor Luis Felipe Tesheiner, resumiu em Zero Hora de 18 de junho, a justificativa: «Não se trata de remover acampamentos, e sim de desmontar bases que o MST usa para cometer reiterados atos criminosos». Na decisão liminar que acatou a proposta do Ministério Público, o juiz Orlando Faccini Neto, é enfático: «Ali, em Coqueiros do Sul, estão praticando violência e nada mais», mais adiante caracteriza os acampamentos como: «sementeira de ilicitudes que, a essa altura, não há mais como tolerar».

Como Estado parte do Pacto Internacional de Direitos Econômicos Sociais e Culturais (PIDESC), da Convenção Interamericana de Direitos Humanos e do Protocolo de São Salvador o Estado Brasileiro tem a obrigação de respeitar, proteger e promover o direito humano à alimentação adequada, bem como todos os direitos correlatos. Por esta razão, gostaria de conclamar o Estado Brasileiro a:

1. Investigar de maneira ágil as denúncias supra citadas, e adotar todas as medidas necessárias para reverter as violações de direitos identificadas;

2. Adotar todas as medidas de reparação necessárias para as famílias indevidamente desalojadas de suas casas e terras legalmente ocupadas, e em relação a violações de seus direitos civis, culturais, economicos, políticos e sociais.

3. Adotar as medidas necessárias para evitar que se volte a incorrer em novas violacões dos direitos humanos das pessoas afetadas.

Solicito que V. Ex.cia nos mantenha informados sobre as ações adotadas no sentido de reverter tal situação inaceitável de violações de direitos e incompatível com a posição internacional do Brasil em relação à proteção e promoção dos Direitos Humanos,

Atenciosamente,


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