Kuala Lumpur, Malaysia

Consulta a la sociedad civil sobre las directrices voluntarias de la FAO sobre gobernanza responsable de la tenencia de tierras y recursos naturales

Marzo 24-26, 2010
Martes 5 de marzo de 2013 por LRAN

Antecedentes

La consulta de la sociedad civil regional asiática proporcionó una oportunidad para diferentes circunscripciones a contribuir con el proceso de la FAO en la creación de directrices voluntarias que proporcionan un marco para los gobiernos y otros grupos de interés sobre la gobernanza responsable de tierras y de recursos. La consulta busco identificar y hacer un inventario de los problemas principales sobre la tenencia de tierras y recursos naturales en Asia; proponer soluciones a los problemas y proporcionar recomendaciones para las directrices voluntarias.

Síntesis de testimonios

Los conflictos por tierras y recursos se sienten con mucha fuerza en países en vías de desarrollo, especialmente en Asia donde los sectores marginalizados se ven severamente impactados. La consulta regional trajo consigo varias perspectivas de los pueblos indígenas, trabajadores agrícolas, campesinos, pastoriles, pescadores, Dalits, mujeres rurales y pobladores urbanos. Los representantes de estos sectores comparten las luchas, estrategias y los retos que siguen enfrentando.

Mientras que las luchas de las comunidades son diversas, las experiencias, la resistencia y las demandas tienen un vínculo común de falta de control, acceso e inseguridades de tenencia de tierra y recursos naturales. Un punto clave y común entre los sectores es el no reconocimiento por parte de los gobiernos de sus derechos de pertenencia, acceso y control de tierras, territorios, y recursos. Esto se manifiesta en el marco político y legal que cubre la tenencia de tierra y otros recursos naturales donde existe una ausencia o inadecuadas leyes que protejan los derechos de la comunidad. En algunos casos, hay un sistema legal pluralístico que crea conflicto sobre leyes existentes entre los sistemas legales tradicionales y las cortes especiales a expensas de los grupos marginalizados. A los Gobiernos o Estados con frecuencia les falta el deseo político y el compromiso para dirigir temas a través de falta de mecanismos de participación y la no implementación y/o violación de leyes existentes.

Para los pueblos indígenas, los gobiernos han reconocido sus derechos de poseer, controlar y manejar territorios ancestrales y están fortaleciendo la toma de recursos en el nombre del desarrollo y crecimiento. Existe una falta de respeto y protección de las prácticas, leyes y costumbres tradicionales. Para los trabajadores agricultores, no hay reconocimiento de la tenencia y derechos de trabajadores. Los campesinos son aun victimas de perdida de tierra, no implementación y defectuosas provisiones en la reforma agraria, en la conversión de uso de tierras y el apoderamiento de tierras. Los derechos de los pastores nómades tampoco son reconocidos, exacerbados por la falta de mecanismos y procesos políticos, económicos, y socio culturales para proteger esos derechos.

Las comunidades de pescadores también son continuamente despojadas del control y acceso al mar y recursos marinos debido a desastres naturales, degradación de recursos (erosión de suelos y mar, pozos abandonados reducción de ecosistemas de pantanos, contaminación, etc.), y proyectos de ‘desarrollo’ (acuacultura de camarones, proyectos de turismo, infraestructuras de puertos). Los dalits y mujeres rurales se enfrentan a múltiples cargas de clase, casta y discriminación de género, y peor aún el abuso y violencia sexual. Los pobladores urbanos también se les niegan sus derechos a servicios básicos y de apoyo y se enfrentan con temas de migración porque están con frecuencia amenazados con desalojos y desplazamientos.

Para muchos de los participantes, el no reconocimiento de sus derechos de control, gestión y uso de tierra, territorios y recursos se intensifica por las políticas y proyectos neoliberales impuestos por la Organización Mundial del Comercio (OMC), las instituciones financieras internacionales (IFIs), y agencias donantes. La mayoría de gobiernos ingresan a acuerdos que promueven la privatización liderada por el mercado, y mercantilización de tierra, territorios y recursos lo que pone en peligro los derechos de las personas, su subsistencia y el medio ambiente. Las políticas nacionales también se ajustan para adaptarse a estos acuerdos. Los gobiernos reducen sus gastos públicos para los servicios básicos y de apoyo y transfieren el control de estos servicios a corporaciones y el sector privado.

Esto se traduce en un aumento del control y pertenecía de tierra y recursos productivos por parte del Estado, corporaciones transnacionales y elites locales. También existe una conversión masiva de tierras agrícolas, acuacultura y tierras protegidas y de dominios ancestrales dadas a industrias a gran escala par turismo, proyectos de infraestructura, zonas económicas especiales y plantaciones de monocultivo. Las industrias extractivas de gran escala como la minería, tala de árboles, cultivo de langostinos contribuyen a masiva destrucción de diversos recursos naturales.

Las comunidades marginalizadas se vuelven victimas de agresión de desarrollo a través de la apropiación de tierra, destrucción de recursos, desubicación y desalojo forzado o migración debido a intereses corporativos. Las comunidades son desplazadas, ya sea través de desalojos forzados o medios legales, cuando los gobiernos estatales expropian tierras en el nombre del desarrollo. Los conflictos de tenencia de tierra también aumentan cuando las medidas de reforma de tierras no son implementadas de forma adecuada.

Los gobiernos, las corporaciones y las elites locales abusan de las estructuras de poder desigual a través del uso de la violencia. Las comunidades marginalizadas que resisten la invasión en sus territorios reafirman continuamente sus derechos a tierra y recursos productivos son con frecuencia perseguidos, amenazados o criminalizados por los militares, policía y fuerzas privadas.

La desigualdad de género es otro punto clave en la tenencia de tierra y recurso, donde las mujeres tienen menos o no reconocidos derechos, y son excluidas de participar en los procesos de toma de decisiones, lo que agrega más vulnerabilidad y marginalización a la mujer.

Mientras que las comunidades continúan enfrentando retos de conflictos de tierras y recursos, los sectores diferentes sostienen esfuerzos para reforzar sus derechos a través de acciones colectivas. Las comunidades se empoderan a sí mismas a través de varias estrategias como acciones directas (protestas, re-ocupación de tierras) intervención legal y cabildeo (peticiones, diálogos y llenado de casos) educación (información y compartir experiencias) y organización. Las comunidades también trabajan juntas con otros sectores para fortalecer los movimientos y la resistencia para la seguridad de tierras y recursos.

Preámbulo

Más de 30 representantes de pequeños campesinos, sin tierra, dalits, mujeres rurales, pueblos indígenas, pescadores, grupos pastoriles, activistas, movimientos sociales urbanos y ONGs, de más de 10 países en el sudeste, este y sur de Asia, que se reunieron en Kuala Lumpur, Malasia para discutir y compartir sus vistas, experiencias y luchas sobre tierras y recursos naturales, enfatizan que a pesar de sus relaciones existentes con la naturaleza para producir alimentos y sostenimiento de sus vidas, comunidades, identidades y sociedades, los gobiernos asiáticos continúan fallando y violando sus derechos colectivos a la tierra, territorios y riqueza natural. La situación está empeorando—mientras que las llamadas políticas y proyectos de “desarrollo” no solo han roto la relación de las personas con la tierra, territorios y su riqueza natural pero más importante, los ha desplazado y desalojado. Más personas sufren de hambre cada día—cada 6 de 10 personas en Asia, o 615 millones de personas, porque no tienen los medios para producirlos o comprarlos. Las múltiples crisis de alimentos, finanzas, clima y energía presentan daños inmensos y amenazas y han alentado a elevar los niveles de pobreza y hambre en Asia—con 60 millones de personas viviendo bajo USD 1.25 al día en 2009, en vez de salir de la pobreza. [1] Pero las crisis actuales son los resultados de décadas de globalización dirigida por empresas, régimen de políticas neoliberales y liberalización financiera sin control.

Mientras los participantes reconocieron que existen instrumentos legales internacionales que reconocen sus derechos, estos derechos continúan siendo violados. Sin embargo, en luz con los esfuerzos de la FAO en la elaboración de “directrices voluntario para gobernanza responsable de tenencia de tierra y recursos naturales”, los participantes propusieron su visión y estrategias para defender, reclamar, sus derechos a tierra territorio y riqueza natural

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Temas, acciones y propuestas claves

Los participantes en la consulta CSO propusieron cambiar el título de las directrices voluntarias de la FAO sobre gobernanza responsable de tierra y otros recursos naturales a Directrices de la FAO sobre gobernanza responsable de tierra, territorio y riqueza natural

Los temas, acciones y propuestas específicas incluyen lo siguiente:

  • Implementar un gobernanza responsable de tierra, territorio y riqueza natural requerirá del fortalecimiento de auto gobernanza y auto determinación de los diferentes grupos sociales, tales como pequeños agricultores, Pescadores, mujeres rurales, trabajadores agrícolas, sin tierra, pastores nómades, pobladores urbanos y pueblos indígenas sobre estos recursos.
  • Los derechos colectivos para acceder y manejar los recursos naturales deben de asegurarse en todos los niveles. Esto incluye la promoción y alentar el control en base a la comunidad sobre tierra, territorios y riqueza natural de los diferentes grupos sociales y reconocer la relación multidimensional de estos recursos.
  • El compartir “territorios como ecosistemas” debe ser promovido en todos los niveles. Las comunidades rurales han tradicionalmente basado su producción de alimentos en una relación de respecto y armonía con la naturaleza. Esto va más allá de los límites geográficos y políticos y reconoce los derechos de los pueblos rurales para manejar y cuidar sus propios ecosistemas.
  • El compartir territorios se debe basar en principios subsidiarios es decir en decisión se deben tomar a todo nivel cuando sea lo más apropiado. Esto conlleva a una responsabilidad primaria de decidir cómo se pueden repartir y gobernar los recursos y debe ser tarea de las comunidades. Los gobiernos, las agencias intergubernamentales y los socios de desarrollo externo (EDPs) (ejemplo. bilateral, multilateral, internacional ONGs, etc) deben de tener un rol de apoyo y facilitación.
  • Un consentimiento previo libre e informado entre las comunidades será la base para la toma de decisiones (por sus siglas en inglés FPIC).
  • Los términos y propósito de inversión en tierra, territorio y recursos naturales por quien sea ya sea una entidad pública o privada, debe estar bajo la supervisión y toma de decisiones de la comunidad.
  • En el caso de regiones bioculturales, donde los límites nacionales no definen los territorios de comunidad, el compartir tierra, territorio y riqueza natural debe ser reconocido y considerado por los gobiernos/estados e instituciones bilaterales regionales e internacionales.
  • Los bienes comunes o recursos comunes deben ser defendidos, fortalecidos y sostenidos a todo nivel.
  • Los bienes comunes incluyen los recursos naturales o riqueza de pertenencia colectiva tales como la tierra, agua, bosques, atmosfera, y elementos del medio ambiente, y también los bienes públicos y servicios, conocimiento y bienes políticos como la democracia. Su cuidado es responsabilidad de todos para la supervivencia del planeta en el presente y en el futuro. Este cuidado está basado en el respecto a las culturas vivas, los valores y tradiciones que sostienen esos bienes comunes. Por ende, esta responsabilidad llama a gobernanza democrática y a una administración sostenible, inclusive y comunitaria.
  • Los estados como portadores de obligación deben reconocer los derechos de la comunidad para la auto gobernanza de sus bienes comunes y trabajo para la protección y fortalecimiento de los bienes comunes, incluyendo la promoción de los derechos colectivos al acceso, gobierno, regulación y gestión de los bienes comunes y apoyo de la dirección comunitaria incluyendo el reconocimiento de instituciones tradicionales pero también asegurando el respecto de los derechos y tratos a las mujeres. Existen derechos que preceden y/o no son dependientes del reconocimiento del gobierno pero derivan de la comunidad en donde estos derechos operan.
  • Todas las iniciativas del estado y del mercado para cerrar los bienes comunes a la exclusión de los desventajados, marginalizados y de bajos privilegios debe de resistirse firmemente. Tales iniciativas no deben ser parte de las directrices para gobernanza responsable de tierra, territorios y riqueza natural.
  • La distribución y uso justo, equitativo y sostenible de tierra, territorios y riqueza natural debe ser promovida y asegurados todo el tiempo, tanto para los estados como para las comunidades.
  • Los Estados como entidades portadores de obligación deben asegurar la armonización de todas las políticas existentes relacionadas con la tierra, territorio y riqueza natural (por ejemplo reforma agraria, tierra para uso agrícola, tierra urbana, cuerpos de agua, agua subterránea, áreas costeras, y bosques) y debe crear un marco político (ejemplo comercio, desarrollo, agricultura, política industrial) que pueda fortalecer el uso auto determinado de los bienes comunes, asegurar compartir el territorio y apoyar la distribución de recursos justa, equitativa y sostenible.
  • Implementar este deseo requiere de estados que tomen reformas de tenencia redistributivas que superen la discriminación basada en género, etnia, casta, raza, edad y para recuperar tierras, territorios y riqueza natural, que ahora están concentrados en pocas manos y están sujetas a usos destructivos como monocultivos, reformas agrarias lideradas por el mercado, agricultura industrial, industrias extractivas, proyectos de mega infraestructura tales como represas y minas.
  • Las reformas de tenencia redistributiva deben apoyar el control de las comunidades locales de sus propios territorios y medios de subsistencia, incluyendo sus derechos a uso y control de los beneficios de sus recursos. Esto debe ser guiado por el principio de sostenibilidad de equidad intergeneracional es decir promover los usos sostenibles de tierra, territorios, riqueza natural (conservando y promoviendo la fertilidad del suelo, biodiversidad, fuentes de agua y cuencas, y usando tecnología centrada en el hombre y en el ecosistema), prohibiendo los usos no sostenibles (destruyendo suelos, biodiversidad, fuentes de agua, incrementando las emisiones de gases de efectos invernadero), y apoyando la alimentación sostenible y el sistema de producción de alimentos (infraestructura financiera adecuada, apoyo institucional, inversión pública, investigación participativa y construcción de capacidades).
  • Asegurar que las mujeres reciban iguales oportunidades y derechos a la tierra, territorios y riqueza natural que reconozco su diversidad, y se redirija la antigua discriminación contra la mujer rural.
  • Las instituciones públicas, privadas y tradicionales deben nutrir el fortalecimiento de los bienes comunes, el uso justo, equitativo y sostenible de la tierra y riqueza natural y compartir territorios por diferentes grupos sociales.

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Sobre las leyes tradicionales

  • Las instituciones públicas y gubernamentales deben reconocer y fortalecer las leyes tradicionales, especialmente aquellas que no violan los derechos humanos fundamentales.
  • Fortalecer las leyes tradicionales que se refieren a normas comunes, valores o prácticas tradicionales que se han vuelto parte intrínseca de la conducta aceptada y esperada en la comunidad, requiere del reconocimiento y respeto por las leyes nacionales y el tratamiento igualitario frente a la ley.
  • Las leyes tradicionales que promueven los sistemas de tenencia colectiva mientras aseguran que se respeta los derechos de las mujeres deben ser apoyados por gobiernos y otras instituciones.
  • Los conflictos que surgen por el acceso y uso de recursos deben ser adjudicados por la comunidad y entre comunidades. Esto aplica también para casos de post conflictos, restituciones y reparaciones en donde los principios de desmilitarización y no militarización deben mantenerse al tratarse los conflictos a todo nivel y realización progresiva de los principios de derechos humanos en la ley tradicional practicada por las comunidades.
  • En casos donde las comunidades no puedan llegar a un acuerdo, una tercera parte independiente puede ser árbitro de conflictos.

Sobre el rol y responsabilidades de los gobiernos/estados y otras instituciones

  • Los gobiernos y estados deben asegurar y respetar los derechos de personas y comunidades y ellos deben servir las necesidades de las personas y comunidades y no los intereses corporativos. Esto requiere una evaluación completa de los impactos e instituciones para garantizar los derechos sobre tierra, territorios y riqueza natural de las comunidades.
  • Los recursos suficientes y capacidad adecuada de instituciones públicas que tratan sobre agua, territorios y riqueza natural deben de garantizarse.
  • Deben existir políticas sociales que aseguren el fortalecimiento de los bienes comunes, tierra, territorios y riqueza natural además de tierra, bosques, economía, finanzas y políticas administrativas.
  • Los mecanismos participatorios y metodologías en todos niveles de operación (planificación, gestión y monitoreo) deben establecerse, incluyendo mecanismos para coordinación intersectorial.
  • Instituciones bilaterales, regionales, multilaterales e internacionales deben asegurar que los derechos y control de los pueblos por la tierra, territorios y riqueza natural se mantenga. Los gobiernos y estados deben establecer mecanismos e instituciones para compensaciones si los primeros violan los derechos fundamentales de los pueblos y comunidades sobre recursos.
  • Al tratar con temas de extra territorialidad especialmente con instituciones internacionales tales como corporaciones transnacionales, comunidades deben ser el centro de la toma de decisiones en todos los niveles. En caso de regiones bioculturales, donde las fronteras nacionales no definen los territorios de la comunidad, el compartir de tierra, territorio y riqueza natural debe prevalecer y ser reconocido por los gobiernos/estados, instituciones bilaterales, regional e internacional.
  • Las inversiones, ya sean públicas o privadas, no deben reducir los derechos de las comunidades y grupos sociales a la tenencia de tierra, territorios y de riqueza natural.
  • Las inversiones públicas al reforzar y fortalecer los bienes comunes debe ser incrementado.
  • Las inversiones deben ser en primera instancia y sobre todo para la realización de los derechos humanos y bienes públicos. Las comunidades deben estar en control de la toma de decisiones sobre inversiones a través de varias iniciativas tales como los esquemas de presupuesto participativo.
  • Las leyes internacionales y mecanismos legalmente aplicados y acciones deben establecerse para disciplinar y sancionar a empresas cuyas inversiones y actividades en otros países, especialmente con los mecanismos de inversión nuevos sobre cambio climático tales como los bonos de carbono offsets, REDD, fondos agrícolas, etc. violan los derechos humanos o causan daños a las comunidades locales.
  • Debe existir una clara definición de que sectores deben estar dentro del reino público por ejemplo alimentos, agricultura, tierra, agua, salud, educación etc. Las inversiones especialmente públicas deben asegurar que promuevan el bien común en estos sectores.
  • Al tratar con temas extraterritoriales, especialmente con instituciones internacionales tales como las corporaciones transnacionales, comunidades deben estar en el centro de la toma de decisión en todos los niveles. En caso de regiones bioculturales, donde las fronteras nacionales no definen los territorios el compartir tierra, territorio y riqueza natural debe de ser defendido y reconocido por los gobiernos/estados e instituciones bilaterales, regionales e internacionales.
  • El consentimiento libre, previo e informado sobre los proyectos de inversión incluyendo el cambio de uso de tierra, territorios y riqueza natural debe ser requerido, asegurado, reconocido y promovido todo el tiempo en todos los niveles.
  • Los inversionistas –incluyendo al estado y el sector privado— deben de seguir las leyes y convenciones nacionales e internacionales sobre FPIC tales como la declaración de los derechos de los pueblos indígenas de las NNUU y dar a los pueblos locales y comunidades un rol formal y cierta forma de veto en las consultas y decisiones finales sobre los proyectos de desarrollo local.
  • FPIC como una condición legal para financiar, invertir y tomar decisiones regulatorias debe asegurar los derechos de los pueblos indígenas, comunidades y todos los pueblos en el territorio afectado, incluyendo los derechos de auto-determinación, derechos colectivos, y de control de tierra territorios y riqueza natural y compartir los beneficios cuando estos hayan sido utilizados por otros. Sin ese consentimiento informado libre y previo sobre proyectos grandes, la tierra comunitaria, y territorio y derechos de recursos están comprometidos. Las comunidades tienen el derecho a decir “no”.
  • Los procesos oficiales tales como las audiencias públicas o referéndum y leyes tradicionales deben jugar un rol positivo en el FPIC. En una comunidad diversa, tales procesos se deben clarificar: cómo se da el consenso, quién lo otorga, si las decisiones se basan en mayoría o por consenso, o si es necesario un acuerdo escrito legalmente vinculante. La presencia de una parte independiente que observe debe ser alentada para verificar el FPIC y determinar su legitimidad – la extensión de que tan libre, informado y previo ha sido el consentimiento o las decisiones.
  • Al implementar el FPIC, se debe asegurar un balance entre el estado, el interés público general, y los intereses de la comunidad afectada particularmente en la distribución de beneficios
  • Los desplazamientos involuntarios, desalojos forzados y desplazamientos arbitrarios no son aceptables, especialmente dentro de la previsión de FPIC.
  • En casos de conflictos y situaciones de post-conflicto, los derechos de las comunidades locales aun en territorios ocupados, a la tierra territorio y riqueza natural deben ser defendidos y reconocidos.
  • Los mecanismos para restitución y reparación deben ser creados y establecidos a todos niveles.
  • Se deben prevenir los nuevos conflictos sobre tierra, territorios y riqueza natural en situaciones de conflicto o post-conflicto.
  • Reconocer el clima cambiante, la rehabilitación post desastre y esfuerzos de reconstrucción debe fortalecer y sostener los bienes comunes, y defender los derechos de los diferentes grupos sociales a la tierra, territorios y riqueza natural.
  • Los participantes acordaron en este punto pero no elaboraron más al respecto.
  • Se deben crear y establecer mecanismos de responsabilidad y de compensación.
  • Cada persona o comunidad tiene el derecho a tener acceso a mecanismos administrativos, cuasi judiciales y judiciales para acceder a reparaciones adecuadas, efectivas y rápidas cuando su derecho a los recursos naturales se ven amenazados o violados.
  • Cada víctima de tales violaciones debe tener el derecho a reparaciones adecuadas que puedan consistir en la restitución, compensación, satisfacción o garantías que tales actos no se repetirán.
  • El desarrollo de las redes paralegales y grupos para ayudar a mujeres y otros grupos intervienen en disputas sobre acceso a tierra y prevenir los desalojos forzados deben ser apoyados.
  • Las directrices para gobernanza responsable deben de fortalecer las leyes tradicionales y las instituciones alrededor de la gestión del conflicto.
  • Los mecanismos de responsabilidad y transparencia deben ser institucionalizados y asegurar el derecho de las personas y comunidades para adecuarse de forma correcta, legítima, accesible y útil información especialmente sobre los proyectos de desarrollo e inversión en tierra, territorios y riqueza natural.
  • Los estados, las corporaciones trasnacionales y otras empresas deben ser responsables y juzgadas en cortes internacionales de justicia o paneles de arbitraje cuando son encontradas culpables de violar los derechos de los pueblos y comunidades para la tierra, territorios y riqueza natural.
  • Un sistema de monitoreo completo, integrado y claro para monitorear a los gobiernos y otras políticas, acciones y responsabilidad de instituciones bilaterales regionales e internacionales debe ponerse en práctica.
  • Los datos desagregados sobre género, casta, raza, etnicidad, ubicación, etc. y sobre temas relacionados con seguridad de tenencia y desalojo forzado (por ejemplo número de personas sin tierra, grado de concentración de recursos, usos no sostenibles de tierra, territorio y riqueza natural) debe recolectarse no sólo por los gobiernos pero también por las comunidades a través de sistemas de auto monitoreo.
  • Los indicadores y puntos de referencia en cuanto al seguro acceso a, acceso equitativo, uso sostenible de tierra, territorios y riqueza natural debe ser desarrollado (por ejemplo, indicadores de progreso de la reforma agraria integral y redistributiva).
  • Se deben establecer mecanismos participativos e independientes para monitorear y evaluar la implementación de estas directrices.
  • Se debe asegurar y defender que los pueblos locales y comunidades tienen derecho a la información – en forma adecuada, a tiempo, legitima acceso y útil.
  • El sistema de monitoreo debe asegurar la existencia de mecanismos viables para que las comunidades busquen soluciones en el futuro, especialmente cuando su tenencia de tierra, territorios y riqueza natural se ve amenazada o violada.

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