Se solidarizan en 40 países con zapatistas que enfrentan amenazas de despojo de sus tierras

Exigen al Tribunal Unitario Agrario garantías para mantener la posesión de sus propiedades
Miércoles 18 de abril de 2007 por LRAN

originalmente publicado en el diario mexicano La Jornada

HERMANN BELLINGHAUSEN

San Cristóbal de Las Casas, Chis. 17 de abril. Como parte de la Campaña Mundial en Defensa de la Tierra y el Territorio convocada por el Ejército Zapatista de Liberación
Nacional (EZLN) y organizaciones de la otra campaña, esta mañana se entregó al Tribunal
Unitario Agrario (TUA) número 3 de Tuxtla Gutiérrez un documento en el que se exigen
garantías para la posesión de la tierra en comunidades autónomas de Chiapas amenazadas
con el inminente despojo de más de 5 mil hectáreas.

El documento es respaldado por 202 organizaciones de 22 países y mil 104 personas de 40
naciones. Además de importantes grupos internacionales como Vía Campesina y la Red
Continental por la Desmilitarización de las Américas, firman organizaciones de
trabajadores, campesinos e indígenas, de derechos humanos, centros de investigación,
ambientalistas y grupos religiosos de Brasil, España, Italia, Francia, Palestina, Cuba,
Paraguay, Argentina, Suiza, Estados Unidos, Bolivia, Canadá, Alemania, Costa Rica,
Guatemala, Cataluña, País Vasco, Portugal, Tailandia, Suecia, India y Grecia.
Individualmente también aparecen apoyos de Perú, Colombia, Venezuela, Uruguay, Ecuador,
Chile, Honduras, Irlanda, Dinamarca, Turquía, Nueva Zelanda, Noruega, Sudáfrica,
Austria, Bélgica y Gran Bretaña. Se incluyen personalidades como Eduardo Galeano y Joao
Pedro Stedile.

El 25 de marzo, los colectivos y organizaciones adherentes a la otra campaña en San
Cristóbal de las Casas dieron a conocer la carta, dirigida al TUA de Tuxtla Gutiérrez,
la Secretaría de la Reforma Agraria y la Procuraduría Agraria. En ella se asienta que
"gradual y paulatinamente, se han venido gestionando e incrementando juicios agrarios
contra poblaciones indígenas identificadas públicamente como bases de apoyo zapatistas".

El texto señala que una de los principales promoventes de juicios agrarios "para el
control y despojo de tierras" es la Organización para la Defensa de los Derechos
Indígenas y Campesinos (Opddic), y reitera que "como se ha denunciado, muchos de sus
integrantes y dirigentes están vinculados con grupos de delincuencia organizada y
presentan características paramilitares". De éstas, se enumeran su postura públicamente
antizapatista, la existencia de mandos y jerarquías, y su actuación con el "apoyo
tácito" del Ejército federal. Dicho grupo es "parte integral de una estrategia de
contrainsurgencia, está armado, milita en el PRI y tiene presencia en los municipios
(oficiales) de Ocosingo, Altamirano, Margaritas, Chilón, Tila, Tumbalá, Palenque, Playas
de Catazajá y Benemérito de las Américas".

En los meses recientes, dicha organización "ha intensificado acciones contra estas
poblaciones, traducidas en amenazas, hostigamientos, desplazamientos forzosos,
detenciones ilegales; las acciones jurídicas promovidas por Opddic se han convertido en
armas adicionales que amenazan con despojar tierras y de desalojar con la fuerza pública
a las comunidades zapatistas".

Se señala que, "a consecuencia de acciones y decisiones indebidas por parte de las
instituciones agrarias", distintas poblaciones del territorio indígena podrían llegar "a
un punto crítico que derive en confrontaciones de consecuencias insospechadas".
Adicionalmente se han encontrado, "en forma alarmante, delitos que se repiten en los
municipios mencionados: amenazas, lesiones y daño en propiedad ajena, acompañados de
procesos y juicios agrarios que presentan irregularidades e inconsistencias en
procedimientos testimoniales, así como alteraciones u omisiones en la documentación de
expedientes y tráfico de influencias".

El escrito destaca dos "muestras de flagrantes irregularidades en los procesos
agrarios": los juicios promovidos por Opddic sobre el ejido Muk’ulum Bachajón y la
ranchería El Nantze, actualmente en proceso en el TUA de la capital chiapaneca.

Frente a los riesgos de una escalada de violencia, los signatarios declaran haberse
sumado a la Campaña Mundial por la Defensa de las Tierras y los Territorios Indígenas,
convocada por el EZLN, y anuncian el inicio "de un monitoreo puntual y permanente sobre
la actuación de las instancias involucradas en los procesos y juicios agrarios que
violen el derecho al territorio y la libre determinación de pueblos indígenas,
contraviniendo entre otros el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo,
y son comparsa de una estrategia encaminada a desarticular los gobiernos autónomos en
sus territorios".

Por último, señalan al TUA "su responsabilidad". Las acciones, omisiones y decisiones de
las instancias agrarias, "como parte de una estrategia contrainsurgente, tienen
consecuencias sociales graves" y podrían desatar "una escalada de violencia del Estado
contra la población civil indígena".


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