Campaña Global por la Reforma Agraria

México: Despojo de tierras indígenas, Chiapas.

RED DE EMERGENCIA 0719AMEX 30.10.07
Martes 30 de octubre de 2007 por LRAN
Cerca de 271 familias indígenas fueron legalmente despojadas de sus tierras; por lo menos 70 de estas familias actualmente se encuentran amenazadas de ser forzosamente desalojadas de sus tierras en el municipio oficial de Chilón (municipio autónomo Olga Isabel), Chiapas. Debido a irregularidades en los procesos agrarios promovidas por la Organización para la Defensa de los Derechos Indigenas y Campesinos A.C. (OPDDIC) en connivencia con las autoridades locales, estatales y federales, se desconocieron los derechos legales y legítimos de estas familias a sus tierras. Las familias enfrentan actualmente un juicio de desalojo. El despojo legal y el posible desalojo forzoso constituyen amenazas graves a la seguridad de la tenencia de la tierra de estas familias, y ponen en serio peligro el disfrute de los derechos a la alimentación y a la vivienda adecuadas de las mismas.

Envíe por favor cartas al Tribunal Unitario Agrario (TUA) número 3 de Tuxtla Gutiérrez solicitando que se suspenda definitivamente el desalojo. Envíe copia de sus cartas al Presidente de la República y al Centro de Anàlisis Polìtico e Investigaciones Sociales y Econòmicas (CAPISE).

Trasfondo

Chiapas es uno de los estados de México con mayor presencia de población indígena y con altos índices de pobreza: se calcula que un 71% de la población indígena del estado padece desnutrición. El despojo histórico de las tierras indígenas, y la subsiguiente falta de acceso y control de la tierra y los recursos productivos por parte de los pueblos indígenas, así como la ausencia de políticas que fortalezcan la producción y la economía campesina e indígena son una de las principales causas. En 1994 el Ejército Zapatista de Liberación Nacional llamó a la recuperación de las tierras y territorios indígenas. En el marco de este levantamiento, grupos zapatistas y otros grupos ocuparon más de 1300 fincas privadas con un área que llegaba a más de 250,000 mil hectáreas. Para bajar la tensión del conflicto, el gobierno mexicano procedió rápidamente a comprar las tierras ocupadas a los terratenientes afectados y reconoció luego los derechos sobre la tierra de las familias ocupantes utilizando un mecanismo financiero denominado fideicomiso agrario. De esta manera, se realizó en Chiapas una significativa reforma agraria que ha redistribuido más de 200 mil hectáreas.

En el municipio de Chilón, diversos grupos ocuparon 3 mil hectáreas en 1994 que conforman lo que hoy se conoce como el municipio autónomo Olga Isabel. En diciembre de 1996, la Secretaría de Reforma Agraria creó el primer fideicomiso Bachajón San Sebastián I que cubría 1.680 hectáreas y reconocía como beneficiarias a 547 familias ocupantes. En marzo de 1998, se creó el segundo fideicomiso Bachajón San Sebastián II con un área de 1.320 hectáreas y beneficiando a 451 familias. En 2002, un grupo de las familias beneficiarias miembros de la organización Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas (CNPI), que posteriormente pasó a ser parte de la OPDDIC, constituyó las tierras del primer fideicomiso en el ejido Muk’ulum Bachajón. Debido a manipulaciones del padrón de fideicomisarios avaladas por la Procuraduría Agraria, se excluyeron del ejido a 271 familias zapatistas que originalmente eran parte del primer fideicomiso. La Procuraduría Agraria y un Notario Público avalaron el rasuramiento del padrón cuando había menos del 50% de los asambleístas. Estas familias son quienes ahora enfrentan el juicio de desalojo de sus tierras por ser consideradas "invasoras". Estas familias, además, han sufrido toda clase de amenazas y hostigamientos incluyendo destrucción de cultivos. El pasado mes de agosto, el Sr. Leonardo Navarro Jiménez y su hijo Juan Navarro Jiménez fueron heridos de gravedad por miembros de la OPDDIC. La OPDDIC ha sido denunciada por cometer numerosos crímenes y ser parte de una estrategia de contrainsurgencia con carácter paramilitar.

La situación de las familias de Olga Isabel no constituye un caso aislado. Más de 20 poblados han reportado amenazas de despojos y desalojos, así como hostigamientos permanentes como detenciones arbitrarias, daños en propiedad ajena, lesiones, heridos con el uso de armas prohibidas, robos, abusos de autoridad, etc. Numerosas comunidades zapatistas que recuperaron tierras después de 1994 se enfrentan con el peligro de perder sus tierras a causa de procesos agrarios y judiciales basados en acusaciones falsas y documentos fraguados asi como del hostigamiento sistemático en contra de ellas. Desde hace algunos meses, el clima de tensión en el estado de Chiapas se incrementó alarmantemente. La fuerte militarización del estado, aunada con la ola de despojos de tierras y desalojos recientes, da pie para temer una agudización del conflicto que podría desatar violencia generalizada con devastadoras con consecuencias para toda la sociedad.

El mandato de la Red de Emergencia

México es Estado Parte de los Pacto Internacionales de Derechos Humanos. Según la Observación General N° 7 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, los desalojos forzosos son prima facie incompatibles con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; y bajo ninguna circunstancia deberían dar lugar a que haya personas que se queden sin vivienda, sin acceso a tierras productivas o expuestas a violaciones de otros derechos humanos. El desalojo forzoso y el derribo de viviendas como medida punitiva son también incompatibles con las normas del Pacto. Asimismo, el Comité toma nota de las obligaciones contenidas en los Convenios de Ginebra de 1949 y los Protocolos de 1977, en lo concerniente a las prohibiciones de los traslados de población civil y la destrucción de bienes de propiedad privada, en la medida en que guardan relación con la práctica de los desalojos forzosos. Además, la Observación General 4° resalta que sea cual fuere el tipo de tenencia de tierra, todas las personas deben gozar de cierto grado de seguridad de tenencia que les garantice una protección legal contra el desahucio, el hostigamiento u otras amenazas.

Provocar o instigar desalojos forzosos constituyen violaciones a los derechos humanos a la vivienda y a la alimentación. Resolver el problema de la inseguridad de la tenencia de la tierra de los pueblos indígenas de Chiapas acatando las normas específicas sobre la materia contenidas en el Convenio 169 de la OIT, es una obligación del Estado mexicano.

Fin de la acción: Diciembre 15 de 2007


Direcciones:

LIC. RAFAEL GARCÍA SIMERMAN

MAGISTRADO DEL TRIBUNAL AGRARIO DEL DISTRITO 3

Dirección: 8ª Poniente Norte No. 164, Col. Centro, C.P. 29000, Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas. Fax: (52)(961)611-3960

Copias para:

FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA
Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.

Residencia Oficial de los Pinos Casa Miguel Alemán.

Col. San Miguel Chapultepec, C.P. 11850, DISTRITO FEDERAL, México

Fax. (52) (55) 52772376 felipe.calderon@presidencia.gob.mx

LIC. JUAN JOSÉ SABINES GUERRERO
Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas.

Palacio de Gobierno del Estado de Chiapas.

Av. Central y Primera Oriente, Colonia Centro, C.P. 29009
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México Tel-Fax: (52) (961) 618-8088 --- (52) (961) 618-8056 E-mail: secparticular@chiapas.gob.mx

AGR. ABELARDO ESCOBAR PRIETO
Secretario de la Reforma Agraria
Av. Heroica Escuela Naval Militar No. 701, Colonia Presidentes Ejidales, C.P. 04470, Piso 1. México D.F. Fax: (52) (55) 5695-6368
aescobar@sra.gob.mx

CAPISE
Real de Guadalupe No.24.
Col. Centro. San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. México.
CP.29200 Tel/Fax: (52)(967)678-9738 capise@laneta.apc.org


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Carta

30 de octubre de 2007
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