El Derecho a la Alimentación

Maria Luisa Mendonça
Lunes 22 de octubre de 2007 por LRAN

Maria Luisa Mendonça es periodista y coordinadora de la Red Social de
Justicia y Derechos Humanos.

ALAI AMLATINA, 18/10/07, Sao Paulo.- La principal norma internacional
sobre el Derecho a la Alimentación está contenida en el artículo 11 de
la Convención Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y
Culturales. De acuerdo con esa norma, el hambre debe ser eliminada y los
pueblos deben tener acceso permanente a la alimentación adecuada,
cualitativa y cuantitativamente, garantizando la salud física y mental
de los individuos y de las comunidades, además de una vida digna.

De acuerdo con la Convención Internacional de los Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, los Estados tienen la obligación de "respetar,
proteger y garantizar" el derecho a la alimentación. Respetar ese
derecho significa que los Estados no pueden obstruir o dificultar el
acceso de la población a la alimentación adecuada, como en el caso de
desalojos de trabajadores rurales de sus tierras, en especial de
aquellos que dependen de la agricultura como forma de subsistencia. La
Convención prohíbe igualmente que los Estados utilicen sustancias
tóxicas en la producción de alimentos.

Además, la Convención establece los principios de la no-regresión y de
la no-discriminación, en relación a la aprobación de leyes que
garanticen el acceso a la alimentación. Eso significa que los gobiernos
no deben aprobar leyes que dificulten la organización social en pro de
ese derecho. Al contrario, los gobiernos deben facilitar la organización
de la sociedad para el acceso a la tierra, al trabajo y a la protección
del medio ambiente. Los Estados deben garantizar el derecho universal a
la alimentación a través de acciones y medidas concretas que protejan
grupos sociales vulnerables y propicien los medios necesarios para que
ellos puedan alimentarse.

En agosto de 2007, el Relator Especial sobre el Derecho a la
Alimentación, Jean Ziegler, presentó un informe a la Asamblea General de
la Organización de Naciones Unidas (ONU), que contiene informaciones
sobre los acontecimientos más recientes en este periodo. La primera
preocupación del Relator se refiere al aumento creciente de personas
hambrientas en el mundo -eran cerca de 800 millones en 1996 y hoy son
aproximadamente 854 millones-. El informe alerta además que más de seis
millones de infantes, con menos de cinco años, mueren anualmente a
consecuencia de enfermedades relacionadas con el hambre.

El Relator caracteriza esa situación como "inaceptable". Según Ziegler,
"el hambre no es inevitable. Es una violación de los derechos humanos.
En un mundo que está más rico que nunca, más personas que nunca siguen
padeciendo malnutrición, hambre e inanición. El mundo puede producir
alimentos suficientes para alimentar el doble de toda la población
mundial".

El segundo punto del informe, que recibe gran destaque, es la
preocupación con la creciente utilización de alimentos básicos para la
producción de agrocombustibles. "El Relator Especial está gravemente
preocupado porque los biocombustibles tendrán como secuela el hambre. La
prisa súbita y mal concebida de convertir alimentos -tales como maíz,
trigo, azúcar y aceite de palma- combustibles augura un desastre. Existe
el grave riesgo de crear una batalla entre los alimentos y los
combustibles, que dejará a los pobres y los que padecen de hambre en los
países en desarrollo a merced de los precios en rápido aumento de los
alimentos, la tierra y el agua".

El Instituto Internacional de Investigaciones sobre Políticas
Alimentarías (IIPA) estima que la producción de agrocombustibles puede
causar un aumento del 20% en el precio del maíz y del 26% en el precio
de la soja y de la semilla de girasol hasta el 2010. Estudios del IIPA
alertan que el número de personas que sufren de desnutrición debe
aumentar en 16 millones por cada punto porcentual en el incremento de
los precios de alimentos básicos.

La producción de agrocombustibles demanda además una gran cantidad del
agua, en un contexto extremadamente preocupante. Según cálculos de la
ONU, 1,2 mil millones de personas no tienen acceso al agua potable y 2,4
mil millones no tienen acceso a saneamiento básico. Todos los años,
cerca de dos millones de infantes mueren por enfermedades causadas por
agua contaminada. En los países más pobres, uno de cada cinco infantes
muere antes de los cinco años de edad por enfermedades relacionadas a la
contaminación del agua. El Relator Especial sobre el Derecho a la
Alimentación, Jean Ziegler, caracteriza esa situación como "genocidio
silencioso."

El agua es un recurso natural insustituible. Caso se mantenga el actual
ritmo de destrucción de sus fuentes, la mitad de la población mundial
quedará sin acceso al agua potable en un periodo de sólo 25 años. El
aumento de los monocultivos para la producción de agroenergía tiende a
profundizar la violación del derecho fundamental de acceso al agua para
consumo humano.

Cada litro de etanol producido a partir de la caña de azúcar, en
circuito cerrado, consume cerca de 12 litros de agua. Esta cantidad no
incluye el agua utilizada en el cultivo, que en el caso de los
monocultivos irrigados el consumo es mayor. Según el profesor David
Pimentel, de la Universidad de Cornell, por cada kilo de maíz producido,
se gasta de 500 a 1.500 litros del agua. Y para producir un litro de
etanol a base de maíz, el gasto es de 1.200 a 3.600 litros del agua. Por
lo tanto, la producción de agroenergía representa un riesgo de mayor
escasez de fuentes naturales y acuíferos.

En su más reciente informe a la Asamblea General de la ONU, el Relator
Especial sobre el Derecho a la Alimentación recomienda que "se declare
una moratoria de cinco años sobre la producción de biocombustibles con
los métodos modernos para que haya tiempo suficiente de idear
tecnologías y establecer estructuras reguladoras para la protección
contra los efectos negativos ambientales, sociales y para los derechos
humanos".


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